Ya se cumplieron seis meses del mandato de Javier Milei, un octavo del tiempo que manda la Constitución Nacional, y por ahora en materia económica el Gobierno no aprobó y tiene que ir a recuperatorio.
El propio presidente y su ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, insisten ante cualquier micrófono que se les ponga adelante que “lo peor ya pasó” y que a partir ahora solo queda rebotar. Pero no está claro que sea así y algunos números lo indican, más allá de la endeble victoria pírrica que el Gobierno parece estar ganándole a la escalada de precios, por no hablar de las leyes que aún no logra conseguir del Congreso.
Es cierto que la inflación viene mostrando ya cinco meses consecutivos de desaceleración frente al guarismo del mes anterior, pero no menos cierto es que a solo 48 horas de asumir el Gobierno gatilló una disparada de la inflación con la devaluación del 54 por ciento del peso, que llevó la inflación de diciembre a 25,5 por ciento, el doble del nivel que tuvo en el cierre de la gestión (12,8 por ciento en noviembre de 2023).
Otros indicadores clave como el nivel de actividad, la utilización de capacidad instalada del sector manufacturero y la inversión vienen en picada y no dan señales de reaccionar. Mientras tanto, el desempleo se está despertando del letargo y amenaza con terminar el año en niveles cercanos al 9 por ciento, un salto importante frente al 5,7 que dejó la gestión de Alberto Fernández.
Dos cuestiones sobre esto último para contextualizar. Algunos analistas señalan que las estadísticas oficiales de empleo serían más altas si no se considerara como empleadas a algunas personas que perciben algún tipo de prestación social vía cooperativas o que declaran trabajar apenas unas horas por semana y no están buscando activamente empleo. Es una cuestión metodológica que tal vez habría que revisar.
En el otro campo, el del combate a la inflación, ahí el Gobierno puede anotarse un poroto, dado que efectivamente, después de la disparada inicial de la inflación al asumir la gestión, la baja mes a mes fue importante y consistente, hasta ubicarse en 4,2 por ciento en mayo, el nivel más bajo en 28 meses, desde enero de 2022, cuando marcó 3,9.
Visiones contrapuestas
Para la Casa Rosada, el camino de ajuste del gasto público es virtuoso y en el segundo semestre dará buenos resultados, a partir de una dinamización de la economía. En despachos oficiales admiten por lo bajo que sabían que el plan “motosierra” y la licuadora de ingresos iban a generar una recesión pero que eso se va a revertir y no hay de qué preocuparse.
Otros no piensan lo mismo. Y está claro que con caída de la actividad económica y sin crecimiento, el ajuste de las cuentas públicas y la eliminación de déficit fiscal, por más que en sí mismo sean algo deseable, solo quedan en un asiento contable y no llegan a las personas.
Una rápida recorrida por lo que ocurre en distintas ramas de actividad deja en claro que ni siquiera el consumo masivo se salva del desplome. Con caídas de producción y ventas que rondan el 35 y 40 por ciento por ejemplo en la industria de alimentos y bebidas, algunas plantas comenzaron suspensiones de personal y paradas fuera de programa. En el sector creen que el piso de actividad podría haber sido mayo, pero eso habrá que corroborarlo.
La industria textil e indumentaria tiene un panorama similar de caída, pero además corre con la desventaja de que el programa económico de Javier Milei promueve la apertura de la economía. Es una mala señal en momentos en que se está acumulando atraso cambiario.
Con una devaluación programada del peso al 2 por ciento mensual, en lo que va del año el peso se depreció algo más del 10 por ciento, mientras que la inflación entre enero y mayo, y según datos oficiales, fue del 71,9 por ciento. Así, es muy difícil competir con los productos importados.
Desde el Ministerio de Economía destacan la recomposición de reservas brutas que hizo el Banco Central en estos meses, pero no hay que olvidar que el lado B de eso son el grifo que se mantiene sobre importadores –se flexibilizó algo el pago de importaciones– y el fuerte recorte del gasto público para cerrar en forma casi inmediata el déficit fiscal.
La calidad del ajuste
En este contexto, el Gobierno está avanzando en el recorte de subsidios a los servicios públicos (electricidad, gas, agua, transporte) y la aplicación de los impuestos a los combustibles, de actualización trimestral, que habían sido frenados durante diez trimestres en la gestión anterior.
Esa suba en combustibles y la reducción de subsidios en servicios públicos terminan siendo “absorbidos” por el bolsillo de los consumidores, cuyos ingresos fueron ajustados desde principios de año muy por debajo de la inflación.
Todo esto genera un escenario incierto hacia adelante. Y así lo hizo saber el propio Fondo Monetario Internacional este lunes, al difundir el último staff report, que sucedió a la aprobación de la octava revisión por parte del organismo multilateral. La aprobación por parte del Board del FMI gatilla el desembolso pendiente de 800 millones de dólares para el país.
En su informe el Fondo recalculó a la baja su proyección de crecimiento negativo de la economía. Se prevé ahora una caída de -3,5 por ciento cuando en el pronóstico anterior se esperaba una contracción del producto interno bruto (PBI) de -2,8 por ciento.
En el documento el organismo financiero enfatiza su apoyo al programa del Gobierno contra la inflación y pronostica para fin de año una suba de precios convergiendo al 4 por ciento mensual. Esto daría como resultado una inflación del 140 por ciento anual, sin duda muy elevada, pero por cierto mucho menor a la de 2023, que terminó en 211,4 por ciento.
Pero al mismo tiempo, el FMI pidió un plan concreto para ir desarmando el cepo cambiario y lanzó su demanda de una reforma impositiva pendiente. Tras insistir en que la dirección de los cambios impulsados por el gobierno es la adecuada, y “marcar la cancha” a futuro sosteniendo que el proyecto de presupuesto 2025, que elevará el Ejecutivo al Congreso en septiembre, mantendrá el equilibrio de las cuentas públicas, el Fondo Monetario insistió en la necesidad de una reforma impositiva y hasta aventuró una fecha, que sería octubre de 2024.
Al respecto, el Board del FMI afirma que sostener el fuerte progreso “requiere mejorar la calidad deajuste fiscal, iniciando pasos hacia un marco mejorado de política monetaria y cambiaria,y la implementación de la agenda estructural, esfuerzos continuos para ampliar elapoyo a los más vulnerables, y también será necesario contar con apoyo político y garantizar una formulación ágil de políticas”. Toda una definición.
“Sin embargo, persisten algunos desequilibrios macroeconómicos y barreras al crecimiento, y es difícil el camino del ajuste, quetodavía está por delante. Ahora es necesario mejorar las políticas para aprovechar el progresorealizado hasta el momento. Deben continuar los esfuerzos para ampliar el apoyo político y social a las reformas, así como para proteger a los más vulnerables”, remarcó el organismo en su informe. Para los desprevenidos, palo y zanahoria en estado puro.
